La parlamentaria Adriana Pichardo, Delsa Solórzano, el comisionado David Smolansky, la hermana del preso político Vasco Da Costa, Ana María Da Costa y la esposa del capitán de corbeta fallecido, Rafael Acosta Arévalo, Waleska Pérez, participaron este 10 de julio en el foro “Derechos Humanos en Venezuela: A un año del Informe de Bachelet”, donde instaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas a emprender acciones contundentes ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante su intervención, Solórzano manifestó que están inconformes con el resultado de los informes de Michelle Bachelet, porque a su juicio no reflejan «propiamente» las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. La parlamentaria Adriana Pichardo recordó que hace un año Bachelet pidió la liberación de todos los presos políticos en el país y el Gobierno venezolano no ha cumplido, al igual que con la desarticulación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). «Solo entre abril y junio, el régimen realizó 14 detenciones arbitrarias a ciudadanos inocentes. En medio de una pandemia se han preocupado más por perseguir y arrestar a las personas, en lugar de dotar de equipos a los hospitales», dijo.
«La situación de los DDHH es inexistente, hoy en Venezuela no existen los DDHH», fueron parte de las palabras de Pichardo.
“El informe de Michelle Bachelet agrega que los venezolanos salen por la violación de derechos humanos, por la emergencia humanitaria compleja. Uno de cada tres venezolanos vive en hambruna. El tamaño de la hambruna que hoy alberga la crisis humanitaria compleja son dos veces el país de Costa Rica”, resaltó el comisionado David Smolansky.
«Ante la pandemia de la Covid-19, 81.000 venezolanos han regresado al país, pero son albergados al azar en distintas partes y muchas veces extorsionados por la Guardia Nacional. Esa es la tragedia para miles de migrantes venezolanos», alertó el comisionado.
Michelle Bachelet, en una actualización oral sobre la situación de Venezuela, reiteró la denuncia sobre la violación a la libertad de expresión, la persecución contra diputados de la Asamblea Nacional, la liberación de presos políticos, denunció que siguen padeciendo graves violaciones a los derechos económicos y sociales, además de señalar que las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos».
A pesar de su alerta por violación a los derechos, Bachelet agradeció al Gobierno venezolano por «la cooperación» para que su equipo visitara los estados Bolívar, Zulia y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Ante esto fue cuestionada en el foro y Solórzano sentenció que la alta comisionada “no puede darle las gracias a un dictador”
Vía El Universal