Lo ocurrido el día de hoy en el centro penitenciario de Guanare, estado Portuguesa, es una muestra más de las incapacidades del régimen. Desde hace meses hemos denunciado las precarias condiciones de los centros de reclusión del país.
El hacinamiento en las cárceles, y las precarias condiciones a las que son sometidos los presos de Venezuela, son claras violaciones a sus DDHH, los cuales deben ser garantizados por el Estado bajo cualquier circunstancia. Estás violaciones fueron señaladas incluso por el informe sobre Venezuela emitido por la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Señora Michelle Bachelet.
Se contabilizan hasta ahora más de 40 fallecidos del enfrentamiento suscitado el día de hoy. Hay otros reclusos heridos, y el sistema de salud de nuestro país, tampoco cuenta con la capacidad de atención que estos requieren.
Debemos destacar que, toda política criminal seria, inicia con planes para la prevención del delito, en segundo término debe haber un sistema de administración de Justicia independiente y finalmente un sistema carcelario que cumpla dos fines esenciales: la sanción del delito y la reinserción del delincuente a la sociedad, para evitar que vuelva a delinquir.
Durante estos 21 años no se ha contado en Venezuela con un solo plan que cumpla con estos requisitos. Solo se han anunciado proyectos fallidos y absolutamente partidisados.
Hemos visto que la gestión encargada de asuntos penitenciarios, ha sido absolutamente complaciente con la estructura Criminal de poder que reina dentro de los recintos penitenciarios y que ha sustituido al Estado en su obligación de custodia de las cárceles en Venezuela.
Así mismo, la Constitución establece que la vida e integridad física de los privados de libertad, es responsabilidad exclusiva del Estado. De igual forma, por disposiciones legales, la custodia externa de las cárceles corresponde a la GNB y la interna al Min. De Asuntos Penitenciarios. De tal manera que, ante la «Masacre en Portuguesa» ocurrida el día de hoy, no solo queda de manifiesto la absoluta incompetencia de la dictadura de Maduro para controlar la seguridad ciudadana en Venezuela, sino la complicidad de funcionarios del régimen en los hechos irregulares que ocurren en las Prisiones de nuestro país.
Delsa Solórzano
Diputada de la Asamblea Nacional
Presidenta de Encuentro Ciudadano
@delsaSolorzano