Delsa Solórzano, presidente del Partido Encuentro Ciudadano, aseguró este viernes 12 de marzo que tanto el informe de actualización de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, y el informe publicado este jueves por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, certifican que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, por lo que «es menester que la Corte Penal Internacional (CPI) actúe contra los responsables».
Sobre la última actualización del Informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, Solórzano especificó que el documento califica como “injusto” y “carente de libertad” el fraude parlamentario del 6 de diciembre de 2020. “El informe indica que no se puede catalogar como un proceso electoral y destacó la elevadísima abstención, con lo que el proceso está carente de legalidad y legitimidad”.
El documento, que evidencia y enumera los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen, incluyó el deceso del miembro de la comunidad indígena Pemón, Salvador Franco, un preso político del régimen madurista fallecido en enero bajo custodia de la dictadura.
En relación al informe de la Alta Comisionada Bachelet, la defensora de derechos humanos sostuvo que el texto ratificó que en Venezuela continúa la violación sistemática de DDHH que ya se había denunciado en los anteriores informes de las Naciones.
“Queda de manifiesto que en Venezuela se cometen tanto crímenes de lesa humanidad como violaciones a los derechos humanos», sentenció y agregó que el régimen venezolano no ha cumplido con la representante de la ONU de disolver al FAES como cuerpo de seguridad del Estado.
Luego de hacer el llamado al tribunal penal de las Naciones Unidas, explicó que en este caso «no opera en lo más mínimo el principio de que cuando hay justicia en el país, entonces la corte carece de competencia. En Venezuela no hay justicia”, sentenció Solórzano en rueda de prensa.
Advirtió que la dictadura pretende quitarle competencias a la CPI haciendo creer que aplica la justicia contra los dos presuntos responsables del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia de los organismos de seguridad del Estado. “El régimen pretende quitarle la competencia de conocimiento a la CPI haciendo ver que se está haciendo justicia en Venezuela, pero debe haber una responsabilidad directa de toda la cadena de mando, la cual incluye al propio Nicolás Maduro ”.
Solórzano cerró su intervención refiriéndose a las recientes declaraciones que emitió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contra los venezolanos e informó que elevará la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Las declaraciones de la señora Claudia López generan xenofobia. Esta demostrado que la criminalidad no tiene nada que ver con la nacionalidad, esta señora lo que pretende es evadir su ineficiencia, con sus opiniones se incrementan las agresiones contra los venezolanos”, aseguró.